El gobierno peruano trata de buscar un punto medio de dos posiciones extremas, que beneficie tanto a la población, a la minería y al Estado en conjunto. Por un lado está la minería y la inversión extranjera, y por el otro, está la oposición a ellas.
Si el gobierno adopta una política neoliberal traicionaría a su base social y se involucraría en un ambiente difícil que podría traer consecuencias perjudiciales para el país. Sería la realización del deseo constante de una derecha que se encargó de acorralar al gobierno para defender las demandas de las transnacionales con el fin de mantener las inversiones extranjeras en beneficio propio. Una derecha que exige sangre, que incita a una masacre; con el pretexto de restablecer el principio de autoridad.
Por otro lado, es alarmante la influencia de empresas mineras en el Congreso y en el Ministerio. Durante las campañas electorales se denunciaron muchos casos de financiamientos por parte de "Reflexión Democrática", la ONG de Yanacocha. Esto obligó a algunos candidatos a renunciar a este financiamiento. Incluso algunas informaciones revelan que el asesor presidencial Luis Favre estaría detrás de las desiciones frente al tema minero; estas versiones son preocupantes, sin embargo tendría que probarse si es cierto o no. Debido a ello, las comunidades manifiestan su desconfianza frente al Estado.
Por eso el gobierno peruano tiene que buscar la manera de dialogar pero con mucho cuidado, para generar la confianza de las comunidades e involucrarlos en las desiciones que se tomen.
El presidente Ollanta Humala está ante un dilema histórico, o se mantiene la relación con la base social que lo llevó al poder o, por el contrario, termina echándose en los brazos de la derecha que lo repudió y le hizo una campaña abominable.
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